|
Lección Sociología |
Globalización
y crisis del estado de bienestar
|
|
Citar como: Gómez Bahillo, C. (2001): "Globalización y
crisis del estado de bienestar", [en línea] 5campus.com, Sociología
<http://www.5campus.com/leccion/globalcrisis> [y añadir fecha consulta] |
1. Crisis del estado-nación
1.1. Crisis del estado de bienestar
La crisis del estado de bienestar, que comienza a producirse en las sociedades desarrolladas como consecuencia de la globalización y el sometimiento de las políticas económicas, monetarias, laborales y sociales de cada país a las exigencias de los grandes bloques políticos-económicos, ha supuesto el fin de la autonomía del estado para diseñar su propia política económica y sus sistemas de protección social. La política prioritaria de generación de empleo, que ha constituído el eje central de las políticas de bienestar hasta mediados de los años setenta, se ve supeditada a las exigencias monetarias y al funcionamiento del libre mercado, que como resultado del desarrollo de la tecnología de la información, ha adquirido una dimensión sin límites, y los intercambios se producen a escala mundial, dando origen a un movimiento vertiginoso de intercambios de capital, mercancías y personas.
A
partir de la década de los años setenta, comienza a producirse un ajuste y
reestructuración de los sectores productivos, como resultado de la
incorporación de las nuevas tecnologías y del desarrollo de un mercado nacional
cada vez más internacionalizado y globalizado. Las planificaciones económicas y
las políticas sociales no alcanzan los objetivos previstos debido a los
desajustes que se producen en las economías de los países desarrollados, lo que
dificulta las previsiones a corto y largo plazo.
La
intervención del estado resulta más necesaria durante los períodos de recesión
económica, no sólo para dinamizar el mercado sino también para hacer frente a
las consecuencias sociales que los desajustes económicos van produciendo, con
medidas de política y protección social. Estas actuaciones públicas han
originado un fuerte crecimiento del gasto público, como consecuencia de la
ampliación de los sistemas de protección social, que se ha producido para
evitar que la crisis económica condujera también a una crisis social. El
período de ajuste y adecuación de las economías nacionales al nuevo contexto
internacional está siendo largo, por eso los estados han ido adquiriendo unos
índices de endeudamiento elevados, lo que les ha obligado, en los últimos años,
a promover políticas restrictivas que se han concretado en la disminución y
descenso de los niveles de protección social. Esta situación ha provocado el
debate en torno a la viabilidad del
estado de bienestar, a corto y largo plazo, al encontrarse los gobiernos con
dificultad para disponer de los recursos financieros necesarios para su
desarrollo.
El modelo keynesiano sobre el que se fundamenta el estado de
bienestar, y que se desarrolla a partir de la II Guerra Mundial, otorga al
estado una función interventora, que se podría concretar en dos ámbitos:
1º) Política económica, por medio de la cual el
estado se convierte en un elemento dinamizador del sistema económico, cuyo
objetivo prioritario es el mantenimiento de la actividad, impulsando la
producción, orientando la política de gasto y de inversión, y corrigiendo los
desajustes que se van produciendo. El estado adquiere la función de reactivar
la economía, especialmente en los momentos en los que el crecimiento constante
no está garantizado, debido a las fluctuaciones a las que se encuentra sometido
el mercado.
2º) Política social, a fin de conseguir: a) una
distribución de la renta, mediante la financiación de un amplio sistema de
servicios sociales de carácter asistencial, y de nuevo sistema de seguridad
social, articulado en torno a un principio de reparto, que ha ido sustituyendo
al de los seguros privados; b) promover el pleno empleo, estableciendo una
política de concertación social que garantice elevados salarios y otras
ventajas laborales; y, c) posibilitar los recursos suficientes para fomentar el
consumo interno y contribuir al mantenimiento de la productividad.
Ambas políticas, la económica y la social, requieren una
política fiscal, basada en un sistema progresivo y personalizado, que permita
generar recursos suficientes para financiar la política económica y social.
La
intervención del estado, como regulador de la vida económica, se justifica por
tres razones: primera, para hacer compatible el modo de producción capitalista
-en el que prevalece la lógica del beneficio- y el sistema democrático -en el
que prevalece la lógica de la participación y de la redistribución-; segunda,
para fomentar la actividad económica y lograr la consecución del pleno empleo;
y, en tercer lugar, para evitar el conflicto social -tan intenso en el período
anterior a la Segunda Guerra Mundial-,
alejando los peligros revolucionarios, y proporcionando unas cuotas de
bienestar y seguridad para todos los sectores sociales.
Todo
ello, ha supuesto que los estados de las sociedades occidentales avanzadas
hayan tenido que desarrollar, durante los últimos años, una política económica
basada en inversiones públicas y bonificaciones fiscales, con el fin de
garantizar, en primer lugar, los beneficios empresariales y posibilitar los
procesos de acumulación de capital, y contribuir de esta manera a reactivar la economía;
en segundo lugar, fomentar el empleo, por medio de exenciones fiscales o de
subvenciones, y evitar la destrucción masiva de puestos de trabajo, derivada de
los ajustes y reconversiones industriales; y, por último, posibilitar unos
niveles de ingresos, que permitan el mantenimiento del consumo interior,
contribuyendo a dinamizar el mercado y a reactivar la economía, especialmente
en los momentos recesivos del ciclo. Pero, a su vez, han tenido que
desarrollar, una política social y asistencial, cada vez más amplia, para hacer
frente a la desigualdad y marginalidad que el mismo mercado ha ido creando. Una
política social, por medio de la cual se desarrollan los derechos ciudadanos
reconocidos en las Constituciones de los distintos estados democráticos, y que
afectan a áreas sociales, generadoras de bienestar y seguridad, como son la
educación, sanidad, pensiones, vivienda,..
Y también una política asistencial dirigida hacia aquellos grupos que se
ven más afectados en sus niveles de bienestar por las fluctuaciones del
mercado, y por la falta de recursos materiales y personales.
1.2. Crisis del modelo keynesiano y de
la socialdemocracia
El
modelo keynesiano funcionó sin grandes dificultades hasta principios de los años
setenta, debido principalmente al crecimiento económico que experimentaron las
sociedades industriales, lo que permitió un fuerte crecimiento del empleo y
contribuyó a mejorar las condiciones de protección social. Pero, ya a lo largo
de los años setenta -no exclusivamente por causa de la crisis energética,
aunque contribuyó y muy posiblemente aceleró el proceso-, comienza a
manifestarse la dificultad del estado para controlar la inflación y reducir el
desempleo, y compensar, a través de una política económica, los efectos que la
crisis energética y el desarrollo de las nuevas tecnologías, estaban teniendo
en las economías nacionales.
El
modelo se agota políticamente hacia finales de los años setenta, por diferentes
causas: 1º) económicas: debido a la caída de la tasa de beneficio. Los procesos
de acumulación rápida de capital, de las décadas anteriores, se vieron
reducidos ante la incapacidad del estado para poder mantener e impulsar la
producción de un mercado nacional, cada vez más condicionado por la
globalización, y que requiere un mayor volumen de recursos para poder incidir
en el mismo; 2º) sociales: derivadas de la nueva situación demográfica que se
produce por la caída de la natalidad y el incremento de la esperanza de vida,
lo que ha supuesto un envejecimiento de la población con la siguiente
repercusión en el incremento de los gastos de protección social y de carácter
asistencial; 3º) organizativas: como consecuencia del final del taylorismo,
como proceso y forma de organización del trabajo, a causa de la influencia que
las nuevas tecnologías tuvieron en el sistema productivo y distributivo, y su
repercusión en la estructura ocupacional; 4º) políticas: debido a la crisis
financiera del estado, que no dispone de los recursos suficientes para hacer
frente a las exigencias del mundo empresarial, que demanda una política
económica que garantice beneficios, y a las demandas ciudadanas que reclaman
una ampliación de las coberturas de bienestar, especialmente en los momentos
regresivos del ciclo económico, a fin de disminuir sus efectos en los niveles
de protección y calidad de vida; 5º) ideológicas: al producirse una
deslegitimación del orden político establecido, en la manera en que el estado
deja de responder a las expectativas y demandas de los distintos grupos de
presión, y de la población en general. El largo período recesivo por el que han
pasado las economías occidentales no ha permitido que el gasto público, que ha
ido aumentando progresivamente, pudiera ser compensado con los ingresos
fiscales, lo que ha ocasionado un elevado déficit público en la mayor parte de
los estados.
1.3. Declive de lo público
El
libre mercado se convierte en el eje del funcionamiento de la economía
neoliberal de final de siglo, y ello conlleva la crisis de lo público, cuya
actividad se ha ido reduciendo a aquellos sectores de productividad menos
rentables, deficitarios y que están relacionados con la protección social y
asistencial, o con la prestación de determinados servicios ciudadanos que no
interesan por la escasa o nula rentabilidad a la iniciativa privada. El estado
se convierte en subsidiario de aquellas actividades que al ser poco
competitivas no interesan a la empresa. Por otra parte, la consolidación de un
sistema de mercado global ha llevado consigo la privatización de sectores de
productividad, de carácter estratégico, que hasta entonces un porcentaje
importante de los mismos o era propiedad del estado o su actividad estaba
sometida a una legislación específica, como por ejemplo, sucedía con las
empresas energéticas, comunicaciones, telecomunicaciones ....
La consolidación del
mercado globalizado ha supuesto, por tanto, en la mayor parte de los países
desarrollados la crisis de las políticas públicas de desmercantilización y el
desarrollo de un proceso de privatizaciones que ha afectado principalmente a
aquellas ramas de productividad que, como consecuencia de la implantación de
tecnología avanzada, son más rentables y tienen una dimensión más competitiva
en un mercado globalizado. Nos encontramos en una etapa de remercantilización
social, que ha originado lo que se ha denominado el ‘declive de lo publico’, y
que ha supuesto la desmantelación del estado de bienestar, o al menos, del
modelo existente en los años sesenta.
1.4. Carácter transnacional de las economías
nacionales.
La
situación económica mundial que se produce a partir de la década de los años
ochenta constituye un claro ejemplo de interdependencia de los mercados,
principalmente financieros, que obliga a cada estado-nación en las sociedades
desarrolladas, a condicionar al mismo las políticas monetarias, crediticias y
presupuestarias.
El
estado-nación ha ido perdiendo paulatinamente el control sobre su propia
política económica que está condicionada por las exigencias de convergencia y
competitividad que se van imponiendo entre los países de las áreas más
desarrolladas. Un nuevo control supranacional sobre las políticas económicas
nacionales se está produciendo por parte del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional.
2. Una interpretación teórica de la
crisis
El
centro de la polémica radica en la función que cada estado debe tener en una
sociedad globalizada, internacionalizada y, por tanto, interdependiente. ¿Cuál
debe ser el nivel de intervención del estado en unos mercados nacionales cada
vez más condicionados y determinados por los grandes acontecimientos
económicos, políticos y sociales que afectan a las naciones más
desarrolladas?. ¿Cómo se está
produciendo la legitimación del poder en una sociedad sometida a unos cambios
constantes, que afectan a la estructura política, económica, social,
cultural,...?. Se trata de un debate esencialmente ideológico, que ha dado
lugar a diversos planteamientos.
El pensamiento conservador , representado por Hayek,
Friedman, Nozick, Nisbet, entre otros, consideran que el origen de la crisis
del estado de bienestar se encuentra en el papel protagonista que la
administración pública tiene en la sociedad civil, y que es analizado desde una
triple dimensión:
1º) Económica. El
origen de la crisis hay que buscarlo en la forma de intervención del estado en
la economía, y concretamente en el excesivo gasto público, para compensar los
desequilibrios sociales, que aparecen como resultado de los desajustes del
mercado, y que han provocado unas pérdidas masivas de empleo, lo que supone la
minoración de los recursos públicos que resultan necesarios para el
relanzamiento de la actividad productiva. El incremento del gasto es también
consecuencia del crecimiento de la burocracia estatal, debido a la expansión de
los servicios sociales públicos, y del aumento de las subvenciones y subsidios
a grupos marginales, realizados por el estado para evitar las situaciones de
exclusión total. La raíz de los desajustes y conflictos de la sociedad del
bienestar se encuentran, por tanto, en la política de intervención estatal y en
el excesivo uso de los recursos fiscales para solucionar los desequilibrios
económicos y sus repercusiones sociales.
2º) Cultural. La crisis también es consecuencia de las
actitudes sociales y psicológicas negativas que la expansión y generalización
del bienestar han producido en los ciudadanos. El análisis conservador señala
como la causa del conflicto actual la falta de disciplina personal, ética y
laboral imprescindibles, según Max Weber, para el desarrollo y continuidad del
sistema capitalista. La tendencia igualitarista de las sociedades de bienestar
ha provocado la ruptura de los fundamentos sobre los que se mantiene la
sociedad capitalista: la estructura social y las instituciones básicas, como la
familia y el sistema educativo, que desarrollan funciones de socialización y de
integración social.
3º) Política. La crisis económica, social, cultural y de
valores está afectando también a las instituciones políticas. El estado, en
lugar de ser una institución neutral, como defendían los economistas teóricos
de la Hacienda Pública, está sometido a las presiones y al poder de los
principales grupos sociales y económicos: sindicatos, organizaciones
empresariales y partidos políticos.
La alternativa neoconservadora se centra en lo que
considera que es el origen de la crisis, es decir, el modo de intervención del
estado en la sociedad, y propone una política de intervención mínima del sector
público en materia social, cultural y educativa. La excesiva intervención del
estado en cuestiones sociales minora los recursos necesarios para la
reactivación económica, lo que provoca una disminución del nivel de
competitividad y productividad, y contribuye a la pérdida de la disciplina
laboral y a la disminución de la moral de ahorro y esfuerzo. Todo este contexto
ha producido situaciones de ingobernabilidad y conflicto, por lo que es
necesario establecer unos límites a la tendencia igualitaria y redistributiva
del estado.
La propuesta de la corriente conservadora plantea como punto
de partida: en primer lugar, la oposición a cualquier planificación social, de
carácter público; en segundo lugar, la defensa del sistema capitalista,
identificado con el sistema democrático; y, en tercer lugar, reducir la
intervención del estado, a corregir los "imprevistos" y contribuir
así al funcionamiento del mercado, estableciendo una normativa de carácter
universal que proteja la libertad económica. La función del estado debe
limitarse, por tanto, a apoyar las relaciones mercantiles, para lo que resulta
necesario apoyar la producción privada, disponer de recursos fiscales
suficientes para la reactivación del mercado, garantizar los beneficios al
capital y contar con la legitimación democrática suficiente. El análisis
teórico que hace Friedman[1]
es un ejemplo de ello.
Esta propuesta supone, de una manera implícita, el rechazo
de la sociedad del bienestar, entendida como sociedad de masas, y la supresión
de las políticas sociales y distributivas y el establecimiento, por el
contrario, de una estructura social que se fundamenta en el principio de
rivalidad y competitividad, frente a la tendencia igualitaria, promovida por el
estado de bienestar. El discurso conservador conduce a las viejas formas de
mercado, lo que contrasta con el modelo de sociedad de bienestar, con el que se
han conseguido, a lo largo de su desarrollo histórico, unos logros que ya no
pueden ser considerados como privilegios sino como derechos sociales, políticos
y culturales propios de las sociedades democráticas. En los países en los que,
durante los últimos años, se ha desarrollado una política conservadora se ha
conseguido efectivamente una reactivación económica más rápida, pero a costa de
la disminución de los sistemas de protección social, y el consiguiente aumento
de las diferencias sociales, lo que está produciendo un incremento de la conflictividad
por la dualidad social que está provocando.
La alternativa neocorporativa tiene una mayor
incidencia en los paises del norte y centro de Europa a partir de la década de
los setenta, y en los países mediterráneos en la década siguiente. El estado, a
través de negociaciones informales, trata de controlar el conflicto producido
entre los intereses de los grupos económicos. Los neocorporativistas Panitch,
Lembruch... -entre otros- presentan una alternativa a la crisis del estado
basada en dos ámbitos de actuación: 1º) Económico. Para superar las
contradicciones de la sociedad de bienestar, el estado debe tratar de
restablecer el equilibrio del mercado, excluyendo aquellas reivindicaciones
excesivamente políticas, e institucionalizando plataformas informales de
negociación entre las organizaciones empresariales y sindicales; y 2º)
Político. El estado debe convertirse en promotor de nuevas estrategias para
dirigir las relaciones políticas y económicas del sistema, canalizando la
tensión que se produce entre los procesos de acumulación de capital, la
participación política y la demandas ciudadanas de redistribución de la renta y
de incremento de las prestaciones sociales. Para ello, debe proponer
alternativas eficaces y racionales para la solución de los problemas sociales.
En momentos de crisis y ajuste económico y social como los
que se han ido produciendo a lo largo de las dos últimas décadas, la postura
neocorporativista ha ido teniendo una mayor incidencia, a nivel macroeconómico
y social, a través de política de rentas, acuerdos sobre reconversión
industrial, pacto por el empleo, política sanitaria, educativa... Es el mismo
estado el que promueve políticas neocorporativistas para lograr una mayor
eficacia y racionalidad en la solución de los diferentes problemas, haciendo
participar en su resolución a los distintos agentes sociales y grupos
económicos.
En contra de las posiciones más conservadoras, la sociología
crítica explica la crisis del estado de bienestar a través del desarrollo de
las sociedades capitalistas tardías. Habermas[2]
lo hace desde una triple dimensión:
1º) Económica. Los constantes ajustes económicos que se están
produciendo en los últimos años en las sociedades capitalistas avanzadas
constituyen un claro ejemplo de que la forma de intervención del estado, en
lugar de reactivar el sistema productivo y corregir sus desajustes, responde a
las leyes económicas que operan en el mercado, y por tanto, se encuentra
sometida a la propia lógica de la crisis. El estado, a través de la política
redistributiva, no ha conseguido contrarrestar los efectos sociales derivados
de los procesos de acumulación y especulación capitalistas, por lo que la
crisis económica ha generado a su vez una crisis social, lo que ha
producido un resurgimiento de las luchas políticas y de clases.
2º) Política. La crisis política es analizada por Habermas a
través de los conceptos de "racionalidad" y "legitimidad",
que interactúan entre sí. Se debe considerar una actuación racional por parte
del estado cuando su política económica y social responde a los intereses
generales y colectivos. El origen de la crisis de racionalidad es, por tanto,
un problema de primacía de intereses. La racionalidad se puede medir por la
capacidad del poder para que sus decisiones sean universales y no particulares
y, por tanto, el consenso constituye el principio formal de la racionalidad.
Cuando se reprimen los intereses generales y prevalecen los de los grupos de
presión más poderosos, es cuando el poder debe buscar nuevas formas
pseudolegitimadoras, y se produce una crisis de racionalidad. La legitimidad
del estado se basa en el mismo proceso democrático, es decir, si el poder se ha
constituido conforme a la legalidad y, si su actuación es racional. Por ello,
cuando su intervención no alcanza el nivel de realización de expectativas
deseado por los ciudadanos, se produce un problema de legitimación, y disminuye
su nivel de lealtad y apoyo. La deslegitimación del estado se produce cuando su
actuación política no sigue los principios de racionalidad. La alternativa a la
crisis del estado es la restauración de la relación legitimidad-racionalidad.
3º). Sociocultural. La crisis sociocultural es también una
crisis de motivación. Las aspiraciones de libertad y de igualdad, son
compartidas por la mayoría de los ciudadanos del mundo desarrollado. Pero en la
medida en que esta moral es aceptada universalmente, las estructuras económicas,
políticas, sociales... del sistema capitalista entran en contradicción con
ella. Por eso, la crisis de legitimación debería conducir a un nuevo
"modelo social", capaz de motivar una nueva adhesión y aceptación
general del mismo. La alternativa consiste en el restablecimiento del consenso
como principio formal de racionalidad, y que las decisiones del estado
respondan a intereses universales y colectivos.
Estos
problemas y contradicciones que aparecen en la sociedades de bienestar están
produciendo la "deslegitimación" del estado como resultado de la
falta de eficiencia en su actuación, y concretamente cuando reduce las
políticas sociales por la presión de grupos particulares, y en contra del
interés colectivo. Esta situación está conduciendo a la quiebra de la
racionalidad colectiva, como consecuencia de la descompensación que se produce
entre la política económica y la social.
Claus Offe[3]
considera que la crisis del estado de bienestar se debe a un deterioro del
proyecto político, que se ha ido produciendo por la incapacidad de los
gobiernos para aplicar programas preventivos en política económica, en lugar de
políticas compensatorias posteriores. La ineficaz política redistributiva ha
provocado nuevos colectivos de marginados, lo que ha producido un desconcierto
social e incrementado la desmotivación colectiva. Resulta necesario, por tanto,
la aceptación, por parte de todos los grupos sociales, de las reglas
legitimadoras de los estados constitucionales y democráticos, y de las
políticas y medidas gubernamentales que canalicen las demandas ciudadanas
respecto a la redistribución de la riqueza y la ampliación de las coberturas de
protección social.
Partiendo
de un análisis de las sociedades desarrolladas dentro del contexto del sistema
mundial, Giddens[4]
considera que el estado de bienestar, en su configuración actual, no está
siendo capaz de dar respuesta a los grandes cambios, y a la nueva situación
social que se ha producido en los países desarrollados, y que ha afectado
principalmente, en primer lugar. al trabajo. El estado de bienestar se propuso,
como objetivo prioritario, la consecución del pleno empleo, pero principalmente
el de los hombres, dado que a la mujer se le adjudicaba una función doméstica
dentro del ámbito de la familia. La idea del pleno empleo se basaba en la
importancia económica de la producción en serie, y en la organización
centralizada entre el capital y el trabajo asalariado. La situación actual ha
experimentado unos cambios considerables, que han afectado al incremento de la
demanda de empleo femenino, al mismo concepto de trabajo y a las circunstancias
en las que éste se produce, junto a las posibilidades de empleo en función del
sexo y al trabajo femenino y su repercusión en la familia.
En
segundo lugar, también ha afectado a la idea de solidaridad, ya que el nuevo
contexto de globalización económica ha contribuido a la ruptura de la idea de
solidaridad nacional, sobre la que se fundamentaba el estado de bienestar. De
la idea de reparto, y de solidaridad intergeneracional, en la que se basaban
los sistemas de protección social, se está pasando a la idea de capitalización
y de privatización de determinados servicios de bienestar.
En
tercer lugar, las nuevas situaciones de clase. La situación de clase estaba
unida a una experiencia y acción comunitaria concreta, dentro de un área local,
y en ella se desarrollaba la solidaridad. Las nuevas formas de distribución del
trabajo, y las circunstancias y contexto en el que éste se desarrolla, ha
contribuido a la disminución de este sentido de solidaridad. La clase
actualmente se personaliza y cada vez se percibe menos como destino colectivo,
y más como una limitación. El individuo se relaciona con el sistema de clases,
no como productor sino como consumidor. El estilo de vida se ha convertido en
indicador de la clase social a la que se pertenece, al igual que en tiempos
pasados fue la posición dentro del orden productivo. La inclusión o exclusión
del mercado laboral es ahora lo determinante.
En
cuarto lugar, el nuevo contexto político y socioeconómico producido ante los
nuevos riesgos. La política de protección social del estado de bienestar ha
estado dirigida principalmente a la gestión de riesgos externos, que pueden ser
previstos y calculables, y se refieren a riesgos ya ocurridos -vejez,
enfermedad...-, o que van a producirse en un futuro próximo. Con la nueva
situación mundial aparecen riesgos fabricados, cuyas repercusiones son
imprevisibles -por ejemplo, el deterioro ecológico, la contaminación, las
presiones migratorias de los países subdesarrollados hacia el mundo
desarrollado, los enfrentamientos bélicos...-. Esta situación, está desbordando
los planteamientos y alternativas estrictamente nacionales, y exige respuestas
a nivel internacional con políticas a largo plazo, basadas en la solidaridad
entre los pueblos.
3. El estado-nación en un contexto
globalizado: el futuro de la sociedad del bienestar
El
estado de bienestar está determinado por la problemática coyuntural que
está afectando a los países desarrollados y al contexto mundial, y en
particular por la globalización como condicionante estructural. Según Rodriguez
Cabrero[5]
el estado de bienestar ha sido históricamente un mecanismo institucional de
regulación del capitalismo en su fase de expansión, pero, a finales de los
setenta, comienza a ser considerado, por una parte, como un obstáculo para la
globalización, pero por otra, sigue siendo un mecanismo compensador de los
costes sociales. La globalización de la economía, ha supuesto, en primer lugar,
el agotamiento del modelo keynesiano ante los profundos cambios producidos en
el mercado mundial, y la aparición de movimientos especulativos y políticas
competitivas a gran escala, que impiden el crecimiento económico constante, que
había posibilitado el desarrollo y funcionamiento del estado de bienestar. En
segundo lugar, la expansión de las nuevas tecnologías, que han acelerado la
crisis del modelo, que han transformado los procesos productivos y sistemas
distributivos, afectando al mundo del trabajo y a su organización. A esto hay
que añadir los efectos de la desaparición del socialismo real, ocurrido tras la
desintegración de la U.R.S.S. a finales de los años ochenta, que era un
obstáculo a la mundialización de la economía y a la expansión del sistema
capitalista. Pero esta globalización está produciendo una serie de
contradicciones, que están afectando a las relaciones entre el norte y el sur
-del enfrentamiento entre Este-Oeste se ha pasado al enfrentamiento entre los
países ricos y países pobres-, y ha dado origen a una dualización social dentro
de los mismos países desarrollados, al crear diferentes espacios de bienestar y
provocar situaciones crónicas de exclusión social.
El estado de bienestar futuro tendrá que dirigir su
intervención hacia los riesgos fabricados, derivados de la situaciones de
dominación que se mantienen sobre el Tercer Mundo, y cuyas repercusiones a
largo plazo se desconocen y no pueden evaluarse adecuadamente. La explotación
económica del Tercer Mundo ha beneficiado y ayudado, durante siglos, a la
expansión económica de los paises desarrollados, a través del mantenimiento de
unos precios baratos de las materias primas y de la mano de obra, lo que ha
producido una situación de dominación y dependencia económica y tecnológica. Es
urgente, por tanto, un replanteamiento de las actuaciones de los países
industrializados respecto a los subdesarrollados. Los Programas de actuación,
deben procurar un desarrollo alternativo, basado en políticas generativas y en
el fomento de actividades ya existentes en el mismo lugar.
Asimismo deberán tenerse presente los nuevos riesgos
sociales y económicos que aparecen en cada país, como consecuencia del
envejecimiento de la población, y el consiguiente incremento de los gastos de
protección social: pensiones, asistencia sanitaria, ayuda personalizada... y de
los cambios producidos en el ciclo formativo y laboral de la población, y que
afectan a los procesos educativos, que cada vez son más largos, a la
incorporación a la actividad laboral, que se produce a una edad más tardía, y
al adelantamiento de la edad de jubilación. Esto supone la disminución del
período medio de actividad por persona, lo que en conjunto significa mayores
gastos sociales y menos recursos fiscales para el estado. A ello, habría que
añadir los nuevos riesgos que se están produciendo por el impacto de la
mundialización en la economía nacional, es decir, la repercusión que los procesos de globalización están teniendo
en las economías de los países desarrollados, como consecuencia de la
competitividad mundial, de los movimientos especulativos...
Por
otra parte, tampoco se pueden olvidar las nuevas desigualdades y cambios en la
estructura social, derivados de: 1º) el
cambio que se ha producido en la estructura familiar, concretamente por la
incorporación de la mujer a la actividad laboral y por las nuevas situaciones
familiares, producidas por el aumento de divorcios y la aparición de otras
formas de convivencia; 2º) las nuevas formas de desigualdad y de pobreza,
asociadas a los procesos migratorios y sus problemas de integración, la
extensión de familias monoparentales y a la descualificación profesional y
exclusión social. 3º) las nuevas desigualdades por los cambios producidos en la
estructura social, y los efectos del paro estructural, que está afectando
especialmente a colectivos muy específicos: jóvenes y mayores de 45 años, con
bajo nivel de cualificación. 4º) la dualización social que aparece como
resultado de la extensión de la economía sumergida y, de los cambios en la
organización del trabajo debido a la implantación tecnológica.
De lo anteriormente expuesto, se puede deducir que lo que
verdaderamente está en crisis es el modelo económico y la idea de crecimiento
ilimitado como generador de bienestar y calidad de vida. El crecimiento resulta
indispensable para hacer frente a las necesidades cambiantes y siempre
crecientes, prototipo de la cultura del bienestar, pero los niveles de consumo
alcanzados en los países desarrollados, no han logrado la realización de muchas
de las necesidades humanas: autorrealización, seguridad, estabilidad personal y
laboral... Es necesario pensar, por tanto, en un modelo de sociedad en el que
el crecimiento económico no sea un fin en sí mismo sino un medio para dar
respuesta a las necesidades humanas y, por tanto, esté condicionado a su
satisfacción.
Las
crisis cíclicas que están experimentando las sociedades avanzadas están
cuestionando la racionalidad del crecimiento indiferenciado del sistema
capitalista. La experiencia, en esta última fase de desarrollo del capitalismo,
está demostrando que la abundancia no conduce necesariamente al bienestar y a la calidad de vida, que la economía no
puede crecer de forma indefinida a
causa de los límites físicos de la propia naturaleza, y que el problema
económico fundamental no es el crecimiento sino la distribución de bienes y
recursos.
Unicamente
es posible salir de esta crisis, a largo plazo, a través de unas estrategias
globales de cambio, que deben producirse a nivel mundial, y que suponen
necesariamente el establecimiento de un nuevo marco general de cooperación y
una nueva actitud respecto de la naturaleza y de la utilización de sus
recursos, basada en la armonía y no en
la dominación, y hacia las generaciones futuras, a fin de que el bienestar
actual no hipoteque el suyo.
BIBLIOGRAFIA
ALVARADO PEREZ, E. (coord.) (1998) - Retos del
Estado del Bienestar en España a finales de los noventa, Madrid, Tecnos
AZNAR, G. y
altri (1999) - Hacia una economía plural. Un trabajo, una actividad,
una renta para todos, Madrid, Miraguano ediciones
BALLBE, y PADROS, C. (1997) - Estado
competitivo y armonización europea, Barcelona, Ariel
BEVERIDGE, W.H. (1989) - Informe de
Lord Beveridge, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
BOWLES, S., GORDON,D.M., WEISSKOPF,
Th.E. (1992) - Tras la economía del despilfarro. Una economía democrática
para el año 2000. Madrid, Alianza Universidad.
CASTELLS, M. (1999) - La era de la
información. Economía, sociedad y cultura, Vol. 1, La sociedad red, p. 162.
DRUCKER, P. (1993) - La sociedad
postcapitalista, Barcelona, Apóstrofe
FERNANDEZ GARCIA, T., GARES FERRER, J.
(1999) - Crisis y futuro del Estado de Bienestar: reflexiones desde la
izquierda, Valencia, Tirant lo Blanc.
GIDDENS, A. (1996) - Más allá de la
izquierda y la derecha. El futuro de las políticas radicales, Madrid, Ed.
Cátedra
GIDDENS, A. (1999) – La tercera vía. La
renovación de la socialdemocracia, Madrid, Taurus.
GOMEZ BAHILLO, C. (1995)- "El
sistema de pensiones de la Seguridad Social. Problemática y alternativa"
en Las Actividades Económicas de las Personas Mayores, Madrid,
SECOT-Círculo de Empresarios
GOMEZ BAHILLO, C. (1997) - "La
política de inserción social y las rentas mínimas. El caso aragonés", Sociedad
y Utopía, 9, 55-69.
GOMEZ BAHILLO, C. (1998) -
"Reflexiones sobre el estado de bienestar" en Proyecto Social,
6, 105-116
GOMEZ BAHILLO, C. (1999) - "Bienestar
y calidad de vida en el medio rural" en XII Simposio de Cooperativismo y
Desarrollo Rural sobre La calidad de vida en el medio rural, 45-64.
GOMEZ BAHILLO, C. y MARCUELLO SERVOS,
Ch. (1997) - Sociedad, individuo y organización, Zaragoza, Ed. Egido.
GOMEZ BAHILLO, C. y MARCUELLO SERVOS,
Ch. (1997) - Jóvenes y empleo en Aragón, Zaragoza, Diputación General de
Aragón.
HABERMAS, J. (1986) - Problemas de
legitimación en el capitalismo tardío, Buenos Aires, Amorrortu, 1986.
IRANZO, J.E. y al (1994) - "La
crisis del Estado de Bienestar" en Sociedad y Utopía, 4, 111-119.
KEYNES, J.M. (1985) - Teoría
general de la ocupación, el interés y el dinero, México, F.C.E.
LAFONTAINE, O., MULLER, Ch (1998) - No hay que
temer a la globalización. Bienestar y trabajo para todos, Madrid,
Biblioteca Nueva
MONTES, P (1996b) - Golpe de estado al
bienestar. Crisis en medio de la abundancia, Barcelona, Icaria.
MUÑOZ DE BUSTILLO, R. (1989) - Crisis
y futuro del estado de bienestar, Madrid, Alianza Universidad.
MUÑOZ MACHADO, S. y otros (1999) - La
estructuras del Bienestar en Europa, Madrid, Escuela Libre, Civitas,
Fundación ONCE
MUÑOZ, B. (1994) - " Dos
interpretaciones sobre la crisis de la sociedad y del Estado del Bienestar: Un
replanteamiento de los términos, los contenidos y los problemas de la teoría de
la crisis contemporánea" en Sociedad y Utopía, 4, pp. 121-151.
OCHANDO CLARAMUNT, C. (1999) - El Estado de
Bienestar. Objetivos, modelos y teorías explicativas, Barcelona, Ariel.
OFFE, Cl. (1990) - Contradicciones
en el Estado de Bienestar, Madrid, Alianza Universidad.
PALACIOS GOMEZ, J.L. (1994) - "El
Estado de Bienestar, hoy: el reto de la eficiencia" en Sociedad y
Utopía, 4, pp. 89-99.
PICO, J. (1990) - Teorias sobre el
Estado del Bienestar, Madrid, Siglo XXI.
RIVAS, A.M. (1999) - "Solidaridad
intergeneracional: ¿quién depende de quién?, ¿quién ayuda a quién?", Sociología
del Trabajo, 36,
RODRIGUEZ CABRERO, G. (1996) - Por
un nuevo contrato Social, Madrid, Instituto de Estudios Sociales Avanzados.
ROJO TGORRECILLA, “ Notas sobre los cambios en el
mundo del trabajo y la globalización económica”, Documentación Social 116,
1999, 69-84
THERBORN, G.,
PFALLER, A., GOUGH, I. (eds.) (1993) - Competitividad económica y Estado de Bienestar,
Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
TOURAINE, A.
(1997) - ¿Podremos vivir juntos?. Iguales y diferentes, Madrid, PPC,
262.
VELTZ,P. (1999) - Mundialización, ciudades y
territorios, Barcelona, Ariel.
|
|
|
|
|
