Por un lado el mandato constitucional de desarrollar una
política de protección de la salud de los trabajadores
mediante la prevención de los riesgos derivados de su
trabajo y, por otro, la necesidad de armonizar la política
española sobre esta materia con la política comunitaria, constituyeron la
base jurídica sobre la que asentarse la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
Pero además, la realidad sociolaboral hacía necesaria una actualización de la normativa en materia de prevención de riesgos debido a dos razones principales: su desfase y adecuación a las nuevas necesidades planteadas y la propia dispersión de las normas.
Con la vigente Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la normativa de desarrollo de la misma se consigue dar solución a esos problemas y además, algo muy importante, el concienciar a empresarios y trabajadores de la importancia del cumplimiento de estas normas, no sólo por las graves consecuencias económicas que puede acarrear a las empresas su inobservancia, sino también, y aquí hay que poner el acento, en la importancia de poner los medios precisos para evitar los riesgos para la salud de los trabajadores, objetivo fundamental para mejorar progresivamente las condiciones de trabajo y, en definitiva, la calidad de vida de las personas.
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