Como
puede verse existe en España una regulación inicial
sobre el fenómeno Internet. Esta regulación atiende
a las principales dificultades jurídicas y técnicas
que tiene la puesta en acción de este mecanismo. De ello
se ocupa la legislación sobre firma y nombres. También
hay, al efecto, regulación sobre propiedad de los programas
y sobre protección de datos personales. Incluso existen
regulación y experiencias que permiten a las instituciones
judiciales y administrativas colaborar en la expansión
de Internet, evitando con ello las dificultades que podría
imponer a la misma una regulación general aprobada sin
tener en cuenta el fenónemo. Incluso existe una normativa
que está dirigida a promover el uso de Internet por toda
la sociedad, abaratando el problema de costes. También
existen, en fase de creación, redes de confianza de las
comunicaciones electrónicas que continuan las redes de
confianza de las transacciones ordinarias establecidas jurídicamente.
El problema es que la legislación será inútil si no se produce aquello que la misma da por supuesto: el hecho del uso generalizado de Internet por ciudadanos y empresas. Cuando esto se produzca hará falta sin duda una nueva legislación cuyo contenido todavía no podemos preveer. Tan sólo el respeto al ordenamiento dará confianza al uso de Internet. La expansión guiada por las reglas de la técnica exclusivamente trae conflictos porque dichas reglas tienen las insuficiencias señaladas en este trabajo. Por tanto, como aquí se propone, equilibrio entre reglas técnicas y jurídicas, guiado por la vieja aequitas, es la solución.
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