El Código de Comercio
de 1885, vigente hasta su reforma de 1989, ha sido la base del desarrollo de la
legislación mercantil en España. De él se han derivado la Ley
de Sociedades Anónimas, de 17 de julio de 1951, y la Ley
de Sociedades de Responsabilidad Limitada, de 17 de julio de
1953. Ambas vigentes, también, hasta la reforma de 1989.
Como hemos indicado, desde
el principio, la legislación mercantil se decantó
por la regulación de los aspectos formales de la contabilidad.
Así, el Código de Comercio de 1885, a pesar de
su breve reforma de 1973, se limitaba a regular los libros de contabilidad,
despreocupándose de las cuentas anuales y de los principios
y criterios para elaborarlos.
Su contenido
se ceñía a los siguientes aspectos:
- Sujetos obligados a llevar
la contabilidad.
- Libros de contabilidad obligatorios,
con una breve indicación de sucontenido
- Procedimiento de legalización
de los libros.
- Periodo de conservación
de libros y justificantes.
- El inventario, el balance
y la cuenta de pérdidas y ganancias debían redactarse
con criterios contables generalmente admitidos, sin especificar.
- El objetivo de los cuentas
anuales -balance y cuenta de pérdidas y ganancias- era
reflejar con claridad y exactitud la situación patrimonial
de la empresa y los beneficios o pérdidas sufridas.
- La única referencia
al contenido de la cuenta de pérdidas y ganancias se limitaba
a que este documento debía expresar el volumen bruto de
las realizadas, distinguiendo los resultados propios de la explotación,
de los originados en operaciones no habituales o en circunstancias
de carácter extraordinario.
- Las partidas del balance se
debían valorar con arreglo a criterios objetivos que garantizasen
los intereses de terceros y siguiendo losprincipios que exige
una ordenada y prudente gestión económica de la
empresa
- Debía mantenerse una
continuidad en los criterios de valoración, sin que pudieran
ser variados sin causa razonada, que debía expresarse,
en su caso, en los libros de contabilidad.
- Sólo en casos muy especiales
se contemplaba la posibilidad de someter el balance y la cuenta
de pérdidas y ganancias a una revisión externa
por un experto titulado superior.
La Ley de Sociedades de Responsabilidad
Limitada de 1953 no aportó realmente nada novedoso respecto
a las cuestiones anteriores, limitándose a hacer una pequeña
referencia a ellas en su contenido.
Por ello, quedaban ausentes
de nuestro ordenamiento mercantil:
- La fijación de objetivos
y requisitos de las cuentas anuales.
- Un cuerpo general de principios
y prácticas contables para la elaboración de las
cuentas anuales.
- Unos formatos de cuentas anuales
adecuados a la realidad empresarial para reflejar la información
económico-financiera.
- La publicidad obligatoria
de las cuentas anuales y su auditoria por profesionales independientes.
- La obligatoriedad de elaborar
cuentas anuales consolidadas por los grupos de sociedades.
A diferencia de la legislación
mercantil, la normativa fiscal ha tenido una gran influencia
sobre la contabilidad en España en una doble dirección.
De un lado, porque la normativa fiscal mejoró los aspectos
formales recogidos en las leyes mercantiles y dedicó gran
atención, como es obvio, al cálculo del resultado
del ejercicio siguiendo criterios recaudatorios, en detrimento
de las bases económicas. Por otro lado, el empresario,
guiado por los efectos en su tesorería, concedió
mayor atención a los criterios fiscales que a los estrictamente
económicos.
Por ello, a falta de principios
contables alternativos y obligatorios para las empresas, las
normas fiscales han constituido la base de elaboración
de la información contable en España durante muchos
años, especialmente para las pequeñas y medianas
empresas.
El punto clave de referencia
de esta normativa es la Ley 6/1978, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre Sociedades, que sustituyó a una ley anterior de
1967, en la que se establecía una lista cerrada de gastos
deducibles de los ingresos.
La nueva Ley fue respetuosa
con el contenido esencial de la contabilidad, reduciendo el exceso
de formalismo de la legislación anterior e introduciendo
una mayor liberalización en el concepto de gasto fiscalmente
deducible. Sin embargo, estas perspectivas alentadoras que surgieron
con la aparición de la Ley en las relaciones Contabilidad-Fiscalidad
desaparecieron con la aprobación del Real Decreto 2631/1982,
de 15 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, ya que éste supuso la creación
de una extensa normativa contable de carácter tributario,
que en muchos casos contradecía la normativa contenida
en el propio Plan General de Contabilidad.
