El Código de Comercio
fija como criterio
general de valoración el coste de adquisición o
coste de producción.
Sin embargo, a diferencia de la Directiva, no se contempla explícitamente
la posibilidad de utilizar modelos contables basados en criterios
de valoración distintos al coste histórico; ni
siquiera la aplicación de valores actuales a determinados
activos para corregir algunos de los efectos que la inflación
provoca sobre las cuentas anuales.
En relación a las reglas
específicas de valoración, el Código de
Comercio, en su artículo 39, y la LSA, en los art. 194
a 198, recogen aspectos generales de los criterios de valoración
a aplicar a determinadas partidas del balance y de la cuenta
de pérdidas y ganancias, pero sin descender a situaciones
concretas. Así, el Código de Comercio, a modo de
síntesis, establece:
- la necesidad de reflejar
las amortizaciones y otras correcciones valorativas de los elementos
de inmovilizado y circulante en la fecha de cierre del balance.
- que las correcciones valorativas
no podrán mantenerse si las razones que los motivaron
hubieran dejado de existir, y
- que de forma excepcional,
las inmovilizaciones materiales y las materias primas y consumibles
que se renuevan constantemente, cuyo valor global sea de la importancia
secundaria para la empresa, podrán incluirse en el activo
por una cantidad y valor fijos, si su cantidad, valor y composición
no varían sensiblemente.
Por su parte la LSA, más
fiel al contenido del articulado de esta sección en la
Directiva, reproduce más exactamente y en detalle los
puntos en ella recogidos:
- Criterios generales de valoración
del inmovilizado y circulante.
- Criterios para efectuar las
correcciones valorativas, ordinarias o extraordinarias y su presentación
en el balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
- Necesidad de poner de manifiesto
el importe de las correcciones de valor excepcionales de los
elementos del activo inmovilizado y circulante que sean debidas
a la aplicación de la legislación fiscal.
- Plazos de amortización
de los gastos de establecimiento y de investigación y
desarrollo, así como del fondo de comercio.
- Prohibición de distribuir
beneficios, a menos que el importe de las reservas disponibles
sea, como mínimo, igual al importe de los gastos no amortizados.
- Obligación de informar
separadamente en el activo de balance de la diferencia entre
el mayor valor de reembolso de las deudas y la cantidad recibida
y cómo amortizar esta diferencia.
- Limitación al importe
de las provisiones para riesgos y gastos.
Aunque bajo cierto control, a veces
insuficiente, la
inestabilidad de precios
es una constante en nuestro país; por ello, el legislador debía
haber previsto esta posibilidad
para que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
ya sea a través del Plan General de Contabilidad o en
alguna norma posterior, hubiese podido dictar la facultad u obligación
de que las empresas elaborasen información basada en criterios
de valoración alternativos al de precio de adquisición.
