Las Fundaciones son personas jurídicas pero no grupos.
La fundación es un patrimonio destinado duraderamente
a un fin
de interés general.
Las personas que están a su servicio no son asociados
de ellas, ni tampoco lo son las que reciben beneficios de ellas.
Además, una vez constituidas, su existencia y configuración
como tales personas jurídicas no depende de la voluntad
de ninguna otra persona, física o jurídica, sino
de la persistencia del fin que el fundador le asignó.
El fundador o fundadores
son las personas (físicas o jurídicas) que se desprenden
de parte de sus bienes para constituir un patrimonio independiente
destinado a ese fin de interés general.
La regulación constitucional del derecho de fundación (Art.
34 CE) se incluye dentro de los derechos de los ciudadanos y
no como derecho fundamental, por lo que no le alcanza la protección
del recurso de amparo constitucional, ni la legislación
de desarrollo requiere Ley Orgánica, aunque deberá
respetar el contenido esencial del derecho (Art. 53 CE).
La legislación ordinaria sobre fundaciones era muy anticuada
y caótica. La Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones
e incentivos fiscales a la participación privada en actividades
de interés general (LF),
ha conseguido modernizar estas organizaciones sin ánimo
de lucro, dándoles un marco legal estatal adecuado a sus
necesidades. Además de desarrollar el mandato constitucional,
pretende atender la importancia que en nuestra sociedad han adquirido
las fundaciones, no sólo las creadas por personas físicas
a través de donaciones, herencias o legados como era tradicional,
sino también las constituidas por grupos empresariales
que contribuyen de este modo a dar cobertura a necesidades sociales
de todo tipo, obteniendo ventajas fiscales y una imagen favorable
ante la sociedad, clientes y consumidores.
Los Estatutos de Autonomía
de las Comunidades Autónomas atribuyen a éstas
las competencias exclusivas en materia de fundaciones que desarrollen
principalmente sus actividades en el territorio autonómico
correspondiente, dictándose ya algunas leyes autonómicas
de fundaciones. En el caso de que todavía no hayan legislado,
han creado sin embargo el correspondiente Registro de Fundaciones Autonómico, en el que se inscriben las que desarrollan
sus funciones en dicho territorio regional, y sobre las que ejerce
la Administración autonómica el protectorado correspondiente.
