El
seguro de crédito está regulado por la Ley 50/1980,
de 8 de octubre, del Contrato de Seguros (LCS), sección
séptima. Dicha Ley, (artículo 69), contempla que
cuando se formaliza un contrato por un seguro de crédito,
el asegurador
se obliga, dentro de
los límites establecidos por la Ley y en el propio contrato,
a indemnizar
al asegurado las pérdidas
finales que experimente a consecuencia de la insolvencia definitiva de
sus deudores.
Se entenderá que existe insolvencia definitiva del deudor en los siguientes supuestos
(artículo 70 de la LCS):
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No obstante, con anterioridad a los supuestos anteriores y, una
vez haya transcurrido seis meses
desde que el asegurado ha comunicado al asegurador el impago
del crédito, éste abonará a aquél
el cincuenta
por ciento de su responsabilidad
sobre el crédito asegurado, con carácter provisional, y a cuenta de la posterior liquidación
definitiva.
La cuantía
de la indemnización,
una vez que se produzca el siniestro, vendrá determinada
por un porcentaje, previamente fijado en el contrato, de la pérdida
final, que resulte de añadir al crédito impagado
los gastos originados por las gestiones de recobro, los gastos
procesales y cualesquiera otros expresamente pactados. Dicho
porcentaje no podrá comprender los beneficios del asegurado,
ni ser inferior al cincuenta por ciento de la pérdida
final (artículo 71 de la LCS).
Algunas de las características de los servicios que puede ofrecer
el seguro de crédito, en general, se refieren a que es
un seguro sencillo,
fácil de utilizar, económico por su alta rentabilidad y su ajustado coste;
también que se adapta a las necesidades de todo tipo de
empresas, flexible en función de los riesgos asegurados,
son seguros de tramitación
ágil, de amplia
operatividad, y fácil cancelación, etc.
Los tipos de modalidades, según disposición adicional
1ª de la Ley 30/1995, de Ordenación y Supervisión
de los Seguros privados, que comprende el seguro de crédito
son:
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